Poco podía imaginarse Joan Higgins lo cara que iba a salirle su última venta en su tienda de animales.Esta ciudadana británica ha sido sancionada con una multa de 1.000 libras (1.143 euros) y con la obligación de llevar un dispositivo de localización por haberle vendido un pequeño pez de colores a un niño de 14 años. Por su parte, su hijo, Mark Higgins, tendrá que realizar 120 horas de trabajo comunitario y abonar 750 libras.
Desde siempre, la compra de un pececito ha sido un acto tierno e inocente de la infancia. Este radical cambio se explica en la relativamente reciente revisión de la legislación inglesa al respecto, ya que en 2006 se modificó una ley mediante la cual se prohibía expresamente la venta de animales vivos a cualquier persona menor de 16 años.
Después de un juicio cuyo coste total está cifrado en más de 20.000 libras, Joan Higgins, una abuela de 66 años que jamás ha tenido problemas con la ley, ha sido obligada a llevar un dispositivo de localización en su tobillo durante siete semanas.
Por su parte, los magistrados encargados de llevar a cabo semejante sentencia han sido duramente acusados de excederse en sus métodos con tal de dar ejemplo en relación con el endurecimiento de las leyes de venta de animales.
Los miembros del cuerpo de policía de la localidad británica de Sale, en Greater Manchester, decidieron montar un operativo cuando les llegó el rumor de que se estaban vendiendo peces vivos a niños menores.
Dicho y hecho, ni cortos ni perezosos, la policía decidió mandar a un cebo, un niño de 14 años, para efectuar la compra de dicho animal.
Cuando la policía confirmó que el joven no había necesitado mostrar su edad en ningún momento y que, efectivamente, había logrado comprar el pez, la policía confirmó sus sospechas y comunicó a Joan Higgins que había cometido un delito cuya pena máxima era de 12 meses y de 20.000 libras.