Dos guardias civiles han pedido a la Justicia que retire la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita, de la entrada de un cuartel situado en la localidad de Almodóvar del Río (Córdoba).
Fuentes próximas a estos agentes informaron a Servimedia de que estos agentes han recurrido a los tribunales después de que, desde 2005, tanto el Instituto Armado como el Ministerio del Interior les hayan negado la retirada de la imagen de la Virgen.
El recurso de estos guardias civiles se conoce después de que se haya sabido que una sentencia en Castilla y León ha dado la razón a unos padres de Valladolid y ha ordenado retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea.
En el caso de los dos miembros de la Benemérita de Córdoba, éstos piden que la imagen de la Virgen del Pilar sea retirada de una zona común del cuartel de Almodóvar del Río. Según las fuentes consultadas, los recursos están pendientes de resolución por parte de los tribunales superiores de Andalucía y Madrid.
Aconfesionalidad
A este respecto, en los escritos presentados por estos agentes se expone que en una zona de este cuartel «que da acceso al resto de dependencias oficiales y que se utiliza también como lugar de espera y primera atención a los ciudadanos, existe una repisa de madera sobre la que se encuentra expuesto un icono de tipo religioso; en concreto, una estatuilla que representa a la Virgen del Pilar».
Según los recurrentes, «el artículo 16 de la Constitución española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y en su apartado tercero establece que ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’ (…)».
Estos agentes entienden que «la finalidad de tal precepto es impedir una declaración de confesionalidad por parte del Estado, esto es, que el Estado manifieste profesar una fe determinada, declarándola verdadera y asumiéndola como propia».
Asimismo, estos dos guardias argumentan que no están poniendo en cuestión «que la Virgen del Pilar sea la patrona de la Guardia civil», sino que la presencia de una efigie de esta virgen «en su lugar de trabajo conculca su derecho a la libertad ideológica y la obligada aconfesionalidad del Estado».